Elementos económicos para entender las graves violaciones a derechos humanos
Durante la transición entre los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán (2004-10) y Javier Duarte de Ochoa (2010-16), Veracruz adoptó la estrategia de seguridad nacional conocida como la Guerra contra las Drogas, lanzada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-12). La Guerra se basaba en combatir al crimen organizado usando a las Fuerzas Armadas y de seguridad federal. Para implementar esta estrategia, el gobierno de Duarte accedió a mayores presupuestos federales para seguridad pública, que se tradujeron en un mayor número de policías, incluyendo militares en retiro o con licencia que se adhirieron a la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP-Veracruz).
La violencia desplegada para combatir al crimen fue una forma de eludir la atención de los procesos de corrupción, impunidad y desvío de recursos públicos que ocurrieron en el gobierno de Duarte. A medida que se asignaban mayores presupuestos a la SSP-Veracruz, funcionarios con altas responsabilidades dentro de la Secretaría, así como sus familiares y socios, participaban en una serie de contrataciones fraudulentas con empresas y empresarios que, en algunos casos, tenían vínculos con integrantes del crimen organizado.
Este informe tiene como objetivo analizar las condiciones que facilitaron prácticas corruptas en la SSP-Veracruz y detonaron o contribuyeron a la violencia y brutalidad a la que fue sometida la población civil en aquel sexenio. Para ello, se realizaron múltiples solicitudes de acceso a la información pública dirigidas a la SSP-Veracruz en las que se solicitó copia de los contratos con proveedores de bienes y servicios del periodo 2010-16. Los resultados de las solicitudes arrojaron una base de datos con información de 197 contratos (copia de 89 contratos e información sobre pagos de 108 contratos) por más de 1,532.7 millones MXN que la SSP-Veracruz asignó durante el sexenio referido a empresas privadas y personas físicas.
Durante el gobierno de Calderón (2006-12), se cuadriplicó el presupuesto para seguridad pública y se duplicaron los recursos asignados a la defensa nacional1El porcentaje se basa en una comparación entre el primer y último año del sexenio de Calderón. Para acceder a esta información se debe elegir el año del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), ir a “Información Presupuestaria Ramos”, descargar “objeto del gasto aprobado” y, finalmente, identificar los montos de los ramos 07 (Defensa Nacional) y 36 (Seguridad Pública) y revisar los años 2005-12. En: “Analíticos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para los años de 2005-12”, Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2021, www.pef.hacienda.gob.mx/es/PEF/Analiticos_PresupuestariosPEF.. El objetivo de contar con mayores recursos públicos en el rubro de seguridad era financiar la Guerra contra las Drogas. La Guerra fue uno de los principales motivos para la designación de militares al frente de las secretarías de seguridad pública en diversos estados y la creación de los “Mandos Únicos”, un modelo policíaco basado en fusionar a las unidades policiales y preventivas de los más de 2,000 municipios del país en 32 Mandos Únicos a cargo de las Secretarías de Seguridad Pública de cada entidad federativa. La función de cada Mando Único era actuar coordinadamente con las dependencias federales de seguridad.
Durante el sexenio de Duarte, el presupuesto para gastos operativos de la SSP-Veracruz se incrementó 142.7% en comparación con la administración anterior. De la misma forma, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)2El FASP es sólo uno de los fondos utilizados por las entidades federativas para la seguridad pública. Otros son el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) —hoy transformado en FORTASEG—, el Subsidio para la Policía Acreditable (SPA) y el Programa de Apoyos para la Seguridad Pública (PROASP). En: “Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FASP”, Gobierno de México, 2020, www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/fondo-de-aportaciones-para-la-seguridad-publica-fasp; y, Gerardo Hernández Hernández, “Transformaciones del Estado Nacional e incidencia en los ámbitos de seguridad pública y justicia. Análisis de la política de seguridad en México 2006-2012”, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 2015, redalyc.org/jatsRepo/676/67652755004/html/index.html. Accedido 1 septiembre 2022, un recurso de origen federal etiquetado para la seguridad pública de las entidades federativas, aumentó de 32% en el mismo periodo.
En cuatro años (2010-14), la SSP-Veracruz pasó de tener 13,763 a 20,420 policías estatales; pero la violencia no disminuyó. Por el contrario, el número de homicidios se incrementó un 103% con Duarte, cerrando su sexenio con un total de 5,905 homicidios y 1,968 personas desaparecidas.
La cooperación de Veracruz con el gobierno federal en la Guerra contra las Drogas se afianzó por medio de la firma de acuerdos entre la SSP-Veracruz y las Fuerzas Armadas para realizar operativos conjuntos de seguridad. Estos operativos recayeron en el modelo policial de Mando Único estatal, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo titular era Arturo Bermúdez Zurita. En 2017, Bermúdez fue detenido por el delito de enriquecimiento ilícito, acusado de tráfico de influencias y abuso de autoridad y, un año después, fue vinculado a proceso por casos de desaparición forzada. Actualmente, se encuentra en libertad.
La creación del Mando Único en Veracruz llevó a reestructurar a la SSP-Veracruz y a conformar la Fuerza Civil, un destacamento dentro de la misma dependencia que tenía a su cargo varios grupos élite de policías. Estos grupos recibieron entrenamiento de las Fuerzas Armadas y a ellos se adhirieron militares en retiro o con licencia. Dos de las agrupaciones cívico-militares más representativas fueron el Grupo Tajín y Los Fieles (acrónimo de Fuerza de Investigación de Élite).
Los señalamientos contra integrantes de la SSP-Veracruz por cometer graves violaciones a los derechos humanos están enmarcados dentro de grandes procesos de corrupción y desvíos de fondos públicos en el gobierno de Duarte. En 2017, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó más de 14.9 mil millones MXN que no fueron aclarados en las cuentas públicas de 2011-16 del gobierno de Veracruz. En 2018, Duarte fue condenado a nueve años de prisión por desviar “millonarios” recursos públicos por medio de una red de empresas fantasma y prestanombres; pero la canalización de fondos públicos mediante este tipo de esquemas no se limitó al exgobernador.
Contrataciones fraudulentas
Funcionarios de la SSP-Veracruz con cargos de alta responsabilidad eran socios o familiares directos de empresarios o personas que ganaron contratos en la misma institución. Empower analizó los casos de contrataciones públicas asignadas, entre 2010-16, a personas o empresas vinculadas a funcionarios de la SSP-Veracruz. Con las respuestas recibidas a la solicitudes de información pública dirigidas a la SSP-Veracruz se creó una base de datos de 89 contratos y 108 pagos (197 en total) asignados a 149 proveedores (95 empresas, 44 personas físicas y 9 asociaciones civiles) por más de 1,532.7 millones MXN.
Los contratos analizados abarcan diferentes servicios como la adquisición de equipo táctico, mantenimiento de vehículos, suministro de alimentos, llantas y combustibles, entre otros. Sin embargo, este registro representa sólo una parte de todos los contratos asignados por la SSP-Veracruz para el mismo periodo. La dependencia reconoció la existencia de 726 contratos públicos emitidos en el sexenio de Duarte.
La SSP-Veracruz no reveló cuál fue el procedimiento de contratación que utilizó para asignar 85 contratos (43% de los 197 contratos y pagos que entregó a Empower), equivalentes a 360 millones MXN. Por otro lado, la mayor erogación de fondos públicos se realizó por adjudicación directa, un procedimiento que permite asignar contratos a discreción y que implicó un gasto de más de mil millones MXN en 59 contratos (29.9%). Por último, la licitación simplificada —en la que el gobierno selecciona tres proveedores para que presenten propuestas— se usó en 53 contrataciones (26.9%) por 158.2 millones MXN3La Ley de Adquisiciones del Estado de Veracruz establece que los contratos entre el gobierno y los proveedores pueden adjudicarse de tres formas: licitación pública, licitación simplificada y adjudicación directa, priorizando la primera opción. El gobierno estatal puede asignar contratos sin licitación pública, pero esto será sólo como una medida contingente, debidamente justificada. Esta ley se encuentra en concordancia con el marco nacional, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que rigen las contrataciones públicas de bienes y servicios..
La adjudicación directa y la licitación simplificada han sido señaladas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) como procedimientos que contribuyen a generar imparcialidad, discrecionalidad, falta de competencia y carencia de objetividad en los procesos de asignación de los contratos, situaciones que podrían ser detonantes de corrupción público-privada. Por lo tanto, la SSP-Veracruz asignó bajo esas dos modalidades al menos 112 contratos (equivalentes al 56.85% de los contratos analizados) por más de 1,172.3 millones MXN entre 2010-16.
La SSP-Veracruz ha sido extremadamente opaca sobre las empresas y los particulares que recibieron contratos públicos durante el gobierno de Duarte. En 2017, la auditoría que realizó el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) a los procesos de contratación de la SSP-Veracruz de 2016 localizó un probable daño patrimonial a la Hacienda Pública estatal por más de 214.5 millones MXN.
Empower realizó el cruce de información de 89 contratos y 108 pagos asignados a 148 proveedores con la lista definitiva de contribuyentes que simularon operaciones y emitieron facturas falsas, según el SAT bajo los criterios del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF). Entre 2011-16, cinco proveedores de la SSP-Veracruz recibieron 10 contratos por más de 106.7 millones MXN. Cuatro de estos contratistas fueron boletinados por el SAT por realizar operaciones simuladas (fantasma): Roberto Esquivel Hernández (también ganó contratos por medio de ASEVER, S.A. de C.V.), Gloria Rodríguez Alcocer, Jesús Murillo Solis y Abastecedora y Comercializadora de Productos de Veracruz, S.A. de C.V.
Otros dos proveedores que fueron beneficiados con tres contratos irregulares, por más de 33.2 millones MXN, son los de Porfirio Aspiazu Fabián, familiar del Mayor José Nabor Nava Holguín4Los identificadores usados para ubicar la participación de Porfirio Aspiazu Fabián y Francisco Navarrete Serna son la Clave Única de Registro de Población (CURP), el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y sus actas de nacimiento. Pueden consultarse en: “Identificadores de Aspiazu-Navarrete”, Empower, 2021, documentcloud.org/documents/21084164-identificadores_rfc_curp-aspiazu-_-navarrete; y, “Comparecencia del Mayor José Nava Holguín, Secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Veracruz”, Congreso del Estado de Veracruz, 2016, www.legisver.gob.mx/videosSesiones/COMPARECENCIAS/AUDIO/a281116co_1.mp3. Minutos 3:59:47 al 4:04:55. Accedido 1 septiembre 2022., y de quien es socio Francisco Navarrete Serna, empresario veracruzano que podría ser un el extinto líder del CJNG en Tierra Blanca. El otro proveedor es la empresa Centro de Capacitación y Asesoría en Técnicas Policiales, Protección a Personalidades y Seguridad Privada, S.A. de C.V., que tenía como accionista a Gabriela Chávez Vivaez, al parecer pareja sentimental de Miguel Ángel Domínguez Jasso, este último subdirector regional de la Zona Norte de la SSP-Veracruz entre 2008-16 y presunto integrante del grupo de operaciones especiales encubiertas Los Fieles.
Las leyes mexicanas a nivel federal y estatal prohíben la asignación de contratos públicos a funcionarios, familiares y otras personas cercanas a quienes ocupan posiciones de alta responsabilidad en el gobierno debido a que podrían beneficiarse del acceso a información privilegiada.
Roberto Esquivel y la familia Bermúdez
Roberto Esquivel Hernández es un personaje de extrema importancia en el entramado de corrupción, tráfico de influencias y desvío de recursos públicos en la SSP-Veracruz en el tiempo que Arturo Bermúdez Zurita era el titular de la dependencia, debido a su relación como socios. Los vínculos empresariales entre ambos se remontan a 2009 cuando Arturo Bermúdez se convirtió en apoderado legal de una empresa de Esquivel llamada Naturalia Operadora Gourmet, S.A. de C.V., dedicada al servicio de alimentos y entretenimiento. Esquivel también participa como accionista, comisario o presidente del consejo en ocho sociedades mercantiles vinculadas a miembros de la familia Bermúdez.
Como se muestra en el siguiente esquema, Esquivel obtuvo cinco contratos con la SSP-Veracruz por más de 43.4 millones MXN, mientras Bermúdez fue titular de la dependencia: tres los obtuvo a título personal y dos a través de la empresa ASEVER, S.A. de C.V., de la cual es accionista.
Una hipótesis para explicar estas relaciones de corrupción —también llamadas redes de macrocriminalidad económica— es que Arturo Bermúdez Zurita desvió recursos públicos de la SSP-Veracruz mientras fue el titular de la dependencia a través de su socio Roberto Esquivel Hernández, ya que el patrimonio de Bermúdez creció de forma acelerada durante su gestión en esta institución. Según medios de comunicación, los ingresos totales de Bermúdez como titular de seguridad rondaron los 8.22 millones MXN. Sin embargo, en ese mismo periodo, adquirió bienes inmuebles con un valor comercial de más de 42.7 millones MXN.
Entre 2017-18, Bermúdez Zurita fue detenido por el delito de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, tráfico de influencias y probable participación en casos de desaparición forzada, pero fue liberado en diciembre de 2018. En 2017, Esquivel Hernández fue boletinado por el SAT como un contribuyente que presuntamente simulaba operaciones. Actualmente, aparece en la lista definitiva, bajo criterios del artículo 69-B del CFF.
Los contratos que Esquivel obtuvo con la SSP-Veracruz, como socio de Bermúdez mientras era titular de la dependencia, indicarían que este último tuvo un conflicto de interés y realizó movimientos que encuadran en el probable tráfico de influencias, desvío de fondos públicos del gobierno estatal, probable lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, usando a Esquivel como un proveedor fantasma.
Porfirio Aspiazu Fabián, proveedor cercano al CJNG
El empresario Porfirio Aspiazu Fabián fue otro de los personajes beneficiados con dinero público mediante contratos de la SSP-Veracruz. Entre febrero y junio de 2016, recibió dos contratos (oficios SSP-UA-004/16 y SSP-UA-058/16) a título personal por más de 25.4 millones MXN. Según la auditoría realizada por el ORFIS en 2017 a las contrataciones de la SSP-Veracruz de 2016, Aspiazu fue uno de los proveedores que no pudo comprobar la entrega de los bienes contratados y tampoco fue localizado en su domicilio fiscal.
A pesar de que el ORFIS señaló las irregularidades en los contratos asignados a Aspiazu en la SSP-Veracruz, él mismo firmó otros ocho contratos públicos a título personal por más de 41.7 millones MXN con diferentes instituciones del gobierno estatal por servicios de fletes y mantenimiento vehicular, entre enero de 2019 y octubre de 2020.
En el momento en que recibió contratos de la SSP-Veracruz, Aspiazu era concuño del Mayor José Nabor Nava Holguín. Este último fue subsecretario de Operaciones de la SSP-Veracruz entre 2011-16 y, de agosto a diciembre de 2016, fue titular de la misma dependencia, ocupando el cargo que tenía Bermúdez.
Un dato a destacar es que, en marzo de 2015, Aspiazu constituyó, junto con Francisco Navarrete Serna, la empresa Rancho Baalam Kab, S.P.R. de R.L., dedicada a la producción agrícola. Navarrete Serna probablemente se refiere al alias “El Primo” quien fue un presunto líder del CJNG, asesinado en mayo de 2020, y que presuntamente era propietario del Rancho El Limón, localizado en el municipio de Tlalixcoyan. En este lugar la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) encontró restos de cinco jóvenes que fueron detenidos por la policía estatal en enero de 2016 y luego entregados al CJNG. En las intervenciones ministeriales de la FGEV también se localizaron más de 11,000 restos humanos calcinados.
Entre 2017-18, Nava Holguín y Bermúdez Zurita fueron vinculados a casos de desaparición forzada en Veracruz; sin embargo, ninguno de los exfuncionarios fue vinculado al caso de Tierra Blanca. Al octubre de 2022, Bermúdez lleva su proceso en libertad y Nava Holguín se encuentra prófugo de la justicia.
Caso CATS y los Fieles
Los Fieles fue un grupo élite de policías, integrado por militares en retiro o con licencia, que nunca fue reconocido oficialmente por la SSP-Veracruz, pero sus integrantes son señalados de detener a supuestos integrantes de Los Zetas, a quienes torturaban, agredían sexualmente y luego desaparecían.
Entre los hallazgos de esta investigación se encuentran los vínculos entre miembros de Los Fieles y tres empresas, una de ellas que se benefició de contratos públicos de la SSP-Veracruz. La primera empresa es Centro de Capacitación y Asesoría en Técnicas Policiales y Seguridad Privada, S.A. de C.V. (CATS), la segunda es el Grupo de Capacitación y Asesoría en Técnicas Policiales, Protección a Personalidades y Seguridad Privada, S.A. de C.V. (Grupo CATS) y la tercera es Línea de Tiro, S.A. de C.V.
En 2013, la SSP-Veracruz asignó por adjudicación directa el contrato SSP-UA-256/13 a la empresa CATS por más de 7.8 millones MXN para la compra de equipo táctico. CATS fue constituida en diciembre de 2010 por doce accionistas, incluyendo a Gabriela Vivaez Chávez, quien también actuaba como representante legal de la empresa. Vivaez Chávez sobresale entre las accionistas de CATS porque es pareja sentimental de Miguel Ángel Domínguez Jasso, quien en ese momento era subdirector regional de la Zona Norte de la SSP-Veracruz (2008-16).
De acuerdo con la última declaración patrimonial de 2021, después de abandonar la SSP-Veracruz, Domínguez Jasso ingresó al sector privado prestando servicios de seguridad, y después se integró a la Fiscalía General de la República (FGR) del gobierno federal (2017-20) para reingresar a la SEDENA en agosto de 2021.
En mayo de 2010, Domínguez fundó la empresa Grupo CATS con otros nueve socios. Entre los accionistas se encuentran Roberto González Meza, exdirector de la Fuerza Civil, quien es señalado de ser el principal encargado de Los Fieles, y Roberto Carlos López Flores, identificado de pertenecer al mismo grupo de policías de élite.
También, se descubrió que una de las accionistas de CATS, Elba Xonane Retureta Bonilla, tiene una empresa llamada Línea de Tiro, S.A. de C.V., donde es socia de Gloria Rodríguez Alcocer y Hortencia Vivaez Chávez. Rodríguez Alcocer fue una de las contratistas de la SSP-Veracruz que la auditoría del ORFIS de 2017 identifica como no localizable en su domicilio fiscal.
Si Hortencia Vivaez Chávez de Línea de Tiro y la de la Oficina de la Auditoría de la SSP-Veracruz son la misma persona, esto indicaría que Los Fieles no sólo tenían varias empresas bajo su control —CATS, Grupo CATS y Línea de Tiro— que servían como pantalla para adquirir contratos con la SSP-Veracruz, sino que también tenían personas de su confianza en puestos clave de la dependencia que podían encubrir las asignaciones ilegales de contratos a este grupo policíaco.
Los casos que muestran cómo familiares de los grupos de fuerzas especiales de la SSP-Veracruz ganaron contratos en la misma institución mientras combatían a Los Zetas no sólo contravienen el marco normativo que rige las contrataciones públicas del gobierno estatal, sino también evidencian que, detrás de la violencia y brutalidad de las estrategias de seguridad para combatir al crimen organizado, se escondían fuertes procesos de corrupción, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y desvíos de fondos públicos.
Existen antecedentes que apuntan a la urgencia de investigar estas redes para hacerlas responsables de los crímenes graves que cometieron en Veracruz. En junio de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) instruyó al Estado mexicano a acatar una serie de acciones urgentes, emitidas en 2016, por el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas (CED). Entre esas medidas, se incluye investigar la cadena de mando de la SSP-Veracruz, el “marco de criminalidad” y los “vínculos económicos” entre los actores posiblemente involucrados. Aunque esas recomendaciones se emitieron originalmente cinco años atrás, nunca se llevaron a cabo o no son públicas. Hasta octubre de 2022, no se había revelado que el presunto dueño del Rancho El Limón podría tener un vínculo con un familiar del subsecretario que a la postre ocuparía la titularidad de la SSP-Veracruz, el Mayor José Nabor Nava Holguín.
¿Cuántas personas más, responsables de la violencia y corrupción en Veracruz, siguen sin ser identificadas? Para responder a esta pregunta es necesario la aplicación de las leyes anticorrupción y un trabajo de investigación exhaustivo por parte de las autoridades mexicanas que tome en consideración el motor económico de la violencia e identifique los vínculos financieros entre los miembros de las estructuras macrocriminales descritas.
